Acta Patriota región 4

La imágen muestra una manifestación civil pacífica siendo reprimida con tanques militares en el Medio Oriente. Cualquiera que vea esta ilustración sabe que se trata de un uso excesivo de la fuerza. Muy dificilmente puede competir un civil no armado contra una estructura de acero de más de 1 tonelada equipada con metralletas y lanza mísiles. Como Mexicanos estamos acostumbrados a ver estas cosas en Oriente pero aquí no pasan esas cosas. No en el México moderno. ¿Verdad?

Varias han sido las ocasiones en que presidentes, diputados, senadores y demás figuras de la política mexicana se han pronunciado en rechazo a actividades prepotentes, paternalistas y autoritarias contra la población civil. Supuestamente avergonzados por hechos como el genocidio nazi en la Segunda Guerra Mundial; la masacre de Tlatelolco en 1968; la matanza de Acteal en 1997 y otros penosos eventos de represión social e incluso levantándo la voz en contra de formas de Gobierno autoritarias como la de Pinochet, Chávez y hasta de paises de Medio Oriente. ¿Verdad?

No obstante en este 2011 finalmente está sucediendo la réplica fiel de la política Bush acerca del bastión pretextivo de la "Seguridad" como una forma de Control aquí en nuestro México lindo y querido.

No "normal" pero si esperado que las recientes políticas de gobierno estadounidense encontraran réplica en nuestro país. Los del EZLN nunca iban a estrellar un avión en el WTC pero nosotros necesitábamos otra fuente a la cual ponerle la etiqueta de "terroristas" y finalmente (financiado de manera rápida y furiosa por las mismas autoridades de Estados Unidos con conocimiento y aprobación de mucha gente en el Gobierno Mexicano) se encontraron cándidatos: Los grupos críminales que tráfican droga y que han convertido al país en un reguero de violencia, muerte y destrucción. La Doctrina del Shock aplicada en toda su magnitud.

Del mismo modo que a los ciudadanos estadounidenses (presas del terror por lo sucedido en el terrible 11 de septiembre aquel) les metieron una serie de reformas constitucionales bajo el argumento de "protegerles" (y de las cuales hoy muchos se arrepienten), así hoy a los mexicanos se pretende subirnos al mismo tren de ídeas y acciones.

Aquí no se llama "Acta Patriótica" sino "Ley de Seguridad Nacional" que permite muchas cosas que suenan bien si se les mira con los ojos de la urgencia y la solución del corto plazo pero que, cuando se les mira con los ojos de la razón, la justicia y la humanidad terminan siendo no sino otra cosa que formas de control masivo y social que no dan poder sino a un grupo minoritario de personas.

Es importante mencionar que la "Ley de Seguridad Nacional" existe desde el 2005 aprobada en el entonces Gobierno de Vicente Fox. Pueden leer completa esta Ley en la siguiente URL:

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf

Ahora bien, estamos hablando de una importante y estructural reforma a dicha Ley en su nueva versión 2011 basada en el contexto actual del país.

¿Cuál es la diferencia? Leámos de un experto estos puntos:

Ley de Seguridad Nacional

Nota por Miguel Concha

Fuente:

http://www.jornada.unam.mx/2011/04/23/index.php?section=opinion&article=012a2pol

Un grupo numeroso de organizaciones civiles de derechos humanos, nacionales e internacionales, prepara una carta abierta a los miembros de la Mesa Directiva, a los coordinadores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados y a los presidentes de las comisiones de Gobernación, Justicia, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Derechos Humanos, pidiéndoles que la semana próxima no turnen al Pleno el predictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, sin antes al menos, como ordena el reglamento, discutirlo y aprobarlo en sus respectivas comisiones.

El asunto no es para menos, porque como lo ha venido informando ampliamente La Jornada, ese documento, supuestamente elaborado en dichas comisiones unidas, no se compagina con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de seguridad interior; modifica sustancialmente la minuta que sobre la materia le envió el Senado a la Cámara de Diputados el 28 de abril del año pasado; excede la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la participación de las fuerzas armadas en el auxilio de las autoridades civiles; reglamenta su participación indefinida en labores de seguridad pública; desacata abiertamente y a posteriori las cuatro peticiones formales que desde el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha hecho al Estado mexicano, y cuya jurisdicción es obligatoria, para que elimine del fuero militar las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones, y maneja una extraña concepción gradualista de paz, que no tiene nada que ver con el significado que sobre ella establecen los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos aprobados por México, ni los mecanismos de su observación y cumplimiento, a los que también se ha obligado el Estado mexicano. Para estos últimos, en efecto, la paz es interdependiente del cumplimiento integral e indivisible de los derechos humanos, del derecho al desarrollo y de la democracia.

No hay que olvidar tampoco que al cumplirse el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, afirmó en su documento: “No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo, y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar”.

Para legalizar la injerencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior, que de acuerdo con la CIDH deben también corresponder a las autoridades civiles en un Estado democrático y de derecho, el documento de marras en cambio maneja una concepción belicista de paz, que más bien recuerda lo que Norberto Bobbio rechaza en su libro El problema de la guerra y las vías para la paz. Es decir, una concepción de la guerra como mal necesario, que se va deslizando a una concepción de la guerra como guerra justa, e incluso como guerra legítima y legal. Y todo ello sin haber reconocido en la Constitución el derecho explícito de la ciudadanía a la paz, y la obligación de garantizarla por parte del Estado, como ha sucedido ya en la mismísima Colombia, y sin tomar en cuenta las mínimas prevenciones que establecen los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, para proteger a los civiles en conflictos armados, no sólo entre Estados, sino también al interior de ellos.

Luego de muchas negociaciones, ocasionadas por las fuertes presiones políticas de personeros del Ejecutivo federal y de miembros del Ejército, el Senado estableció en el artículo 72 de su minuta, que “en las tareas de auxilio” de la fuerza armada permanente, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delitos, y afecten a personas civiles, “serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales”.

Ahora bien, el artículo 13 de la Constitución establece que “cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil correspondiente”, y el 133 que los tratados celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, son Ley Suprema, así, con mayúsculas, de la nación. Es más, la pasada reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por el Congreso, y que ya circula para su aprobación en las legislaturas de los estados, confiere rango constitucional a los derechos humanos aprobados por México en tratados internacionales.

El impresentable predictamen que venimos comentando modifica la minuta del Senado y establece mañosamente que “las conductas delictivas que llegasen a cometerse los servidores públicos de las instancias y demás autoridades participantes a una afectación de la seguridad nacional serán perseguidas y sancionadas de conformidad con las normas legales que los rigen”, es decir, en nuevo desacato a las sentencias de la CIDH, el Código de Justicia Militar, el fuero castrense. En él se autoriza además a las fuerzas armadas para que puedan realizar intervención de comunicaciones, así como detención y mantenimiento de supuestos delincuentes sorprendidos in fraganti, “en acuerdo con la PGR”, que también así se militariza legalmente.

"Pero, si es una forma legal de acabar de una vez con todas con tanta violencia que tanto nos agobia ¿cómo puede ser tan mala esta Ley?"

Sígamos leyendo de quienes mejor saben del uso de tanques contra la población:

Pagaremos el costo de la Ley de Seguridad: PRI

Nota de Enrique Méndez
Fuente:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/04/26/pagaremos-el-costo-de-la-ley-de-seguridad-pri/

México, DF. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados afirmó que está dispuesto a asumir el costo político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, concede al Presidente de la República la atribución de sofocar con el Ejército movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país.

Junto con Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó que desde la Junta de Coordinación Política “gestiona” con las comisiones de Defensa, Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación para que sólo una o dos de ellas voten el dictamen y el resto se allanen, para tratar de que se vote esta misma semana.

No obstante, en la mesa directiva se consideró difícil que el documento entre al pleno en el actual periodo de sesiones, debido a la inconformidad que ha generado en el resto de las bancadas.

En conferencia de prensa, Alfonso Navarrete Prida (PRI) dijo que su grupo parlamentario está dispuesto a asumir los costos políticos de votar una reforma que, como publicó este diario la semana pasada, facilita al Ejecutivo el uso de tropas cuando considere que está en riesgo la seguridad interior. Incluso, el priísta acotó que si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley.

Al concluir ayer la segunda reunión para evaluar la propuesta de Navarrete Prida que modifica sustancialmente la minuta del Senado, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) informaron que se solicitó modificar el artículo 74, fracción VII, párrafo segundo del proyecto de dictamen, porque como está planteado abre la puerta para que las fuerzas armadas actúen contra protestas civiles.

Ese párrafo advierte: “No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley”.

Según Navarrete Prida, esa redacción “camina en la intención de prohibir que las fuerzas armadas puedan reprimir una manifestación pacífica y civil… salvo que de un asunto de éstos se rebase y constituya un obstáculo o amenaza” a la seguridad interior.

En contraste, el presidente de la Comisión de la Función Pública y secretario de la de Defensa, Pablo Escudero (PVEM), resaltó que en las observaciones al texto de Navarrete se insistió en dejar muy claro que las fuerzas armadas no pueden acometer movilizaciones civiles.

“Además, debe definirse con precisión que en la declaratoria de afectación a la seguridad interior no pueden suspenderse las garantías individuales”, declaró.

Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que si PRI y PAN pretenden que el dictamen se vote sólo por una comisión, primero deben reunirse las mesas directivas de las cinco que tienen la minuta. “De otra manera, la Junta de Coordinación no tiene capacidad de excluir a tres o cuatro de las comisiones, a menos que quiera pasar por encima del reglamento”, dijo.

Expresó que aun cuando las bancadas priísta y panista argumentaron ayer que existen candados en la propuesta para evitar la violación de derechos humanos, es evidente “que quieren criminalizar los movimientos sociales; además, no hay garantía de respeto a las garantías individuales, y los derechos quedan sujetos al protocolo de la declaratoria” de riesgo a la seguridad interior.

Incháustegui aseguró que sería un despropósito que, aun con el riesgo que esas disposiciones representan, PRI y PAN aplicaran una mayoría mecánica para aprobar el dictamen.

Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que el documento contiene al menos cuatro deficiencias constitucionales. Primera, el Consejo de Seguridad Nacional, que también tomará decisiones en torno a la declaratoria de estado de excepción, no está sujeto a revisión, y sus acuerdos no podrían combatirse con una controversia constitucional.

Segunda, la exposición de motivos incluye una definición muy libre sobre el estatus de guerra y de paz, al suponer que existe “una etapa intermedia”, con la que justifica la intervención militar.

Tercera: la posibilidad de intervención del Ejecutivo federal con operativos del Ejército y la Marina sin consultar a los gobernadores, a los congresos de los estados y a las presidencias municipales.

Y cuarta, la aplicación de detenciones, interrogatorios a civiles, allanamientos, retenes e investigación y persecución de delitos, que son atribuciones exclusivas del Ministerio Público.

“Más aún, se entromete hasta en las atribuciones que son del Instituto Federal Electoral, al considerar que el consejo nacional realice campañas de cultura democrática, que corresponden a la autoridad electoral”, afirmó.

El ex consejero electoral aseguró que, en suma, como está planteado el proyecto de dictamen “concede un poder inmenso al Ejecutivo y al Consejo de Seguridad Nacional, y constituiría un golpe de Estado, porque además el presidente de la República puede ordenar la intervención militar en situaciones urgentes, sin el permiso del Congreso”.

¿Qué tal? Mientras con chismes de pseudo artistas y cada vez más sexo en la TV (sin dejar de pedirnos que apoyemos a los "muchachos" de la Selección) se distrae a la población de Leyes tan serias e importantes como la que están buscando a toda costa aprobar con o sin consentimiento del pueblo.

Algunos grupos de poder no dudan en usar a la Iniciativa Privada como instrumento de presión y se entiende cuando los Magnates de ciertos corporativos cuentan con vigilancia, guardaespaldas y sus familias a veces no viven ya en México muy al contrario del ciudadano promedio.
Sin duda, les prometen más acciones, más zonas verdes para construir y menos impuestos a cambio de votar a favor. Que mal, porque sus hijos y nietos tarde que temprano vivirán en carne propia las Leyes que aprueben hoy. En otros casos ni se dude que aún en contra de su voluntad los presionen bajo amenaza de tirarles los negocios que tanto les han costado.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/185031.html

¿Por qué esa obsesión de Militarizar las democracias? No se ha cumplido ninguna promesa de campaña (ni siquiera la más sencilla como quitar el antiguo impuesto de la Tenencia) pero hay una obsesión total por continuar llenando de armas el país sea por parte de los "malos" o de los "¿buenos?".

¡Míralo! ¡Llévela, llévela! Para que no ande pagando su precio comercial de aviones estrellados en edificios públicos! ¡Va calada, va probada! ¡Acta Patriota Región 4! ¡Llévela, llévela!

ACTUALIZACION 28/04/11 01:30 p.m.

Paran reforma a Ley de Seguridad en San Lázaro
Fuente:
http://www.eluniversal.com.mx/notas/761983.html

Gracias a todos por sus oraciones. Esperemos que de aquí a Mayo esta medida sea COMPLETA y CABALmente analizada A FAVOR DE LOS CIUDADANOS y no solo de grupos de poder. Estemos pendientes y atentos.