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Autor: Pablo Moctezuma Barragán
Balas por piedras. El 22 de junio de 2010 otra vez agentes de la
Border Patrol, o Patrulla Fronteriza, asesinaron a un mexicano. Fue
baleado en pleno territorio nacional con el pretexto de que “lanzaba
piedras”. José Alfredo Yáñez Reyes estaba en Tijuana, Baja California, a
la altura de la colonia Castillo, cuando recibió un disparo por parte
de la Border Patrol a través de una malla. Yáñez era un trabajador,
quien ahora deja a un hijo de un año y medio, y a su esposa embarazada
de cinco meses. Los recientes crímenes en la frontera norte contra
Ramsés Barrón, Anastacio Hernández, Sergio Adrián Hernández y de cientos
de migrantes más, quedan invariablemente en la impunidad. Al mexicano
se le trata en calidad de esclavo, a quien se puede asesinar libremente,
incluso, en territorio mexicano.
No sólo se criminaliza a los migrantes que trabajan sin derechos como esclavos: también se lucra con ellos. En su documental Inmigrantes a la venta,
la organización Cuéntame –radicada en Los Ángeles, California– denuncia
que las redadas y el envío a la cárcel de inmigrantes son una rica
fuente de ganancias. El trabajo exhibe que la detención de migrantes es
una industria multimillonaria, puesto que más allá de las leyes
antiinmigrantes, representa un gran negocio para las cárceles privadas. A
éstas se le pagan 200 dólares la noche por cada migrante capturado.
Lucran como si fueran hoteles, ya que necesitan más ocupantes para así
poder ganar más dinero. Las corporaciones Corrections Corporation of
America (CCA), GEO Group, Managment and Training Corp (MTC), albergan
150 mil espacios para camas, con ganancias de hasta 5 mil millones de
dólares. No es extraño que grupos cabilderos como el Consejo de
Intercambio Legislativo Estadunidense (ALEC, por su sigla en inglés)
impulsen leyes como la SB1070 de Arizona y redacten leyes
antiinmigrantes para aumentar las redadas y así favorecer este negocio.
El gobierno de Barack Obama deportó en 2010 a 400 mil migrantes, hecho
que alimentó las ganancias de las cárceles privadas.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha
destruido la economía mexicana y ha obligado a que medio millón de
mexicanos a emigre anualmente. Las grandes corporaciones estadunidenses
no sólo han invadido los mercados nacionales sino que garantizan mano de
obra barata, sin derechos, esclavizada en su territorio. La dependencia
y los planes de anexión de Estados Unidos no han ayudado al desarrollo
de México. Todo lo contrario, han traído crisis, crimen, miseria y caos,
y han disparado la emigración como nunca antes.
Pero Estados Unidos agudiza sus políticas antiinmigrantes, al tiempo
que la falta de empleo y los bajos salarios en México provocan la
emigración. Las crisis provenientes en Estados Unidos desde 2008 han
demostrado que es un error garrafal el que México dependa de la economía
de estadunidense. Y la crisis continúa. Hace unos días Obama tuvo que
reconocer que en el primer trimestre de 2011 su economía apenas creció
1.9 por ciento anualizado. La profunda crisis sigue ahí. Es una crisis
estructural del capitalismo que solamente se remediará con el cambio a
un sistema en el que no sean las grandes corporaciones las que se lleven
y controlen todas las ganancias. México debe ser un país soberano
económicamente y no estar atado a los vaivenes de la economía Estados
Unidos. También la economía mexicana se está desacelerando este año. En
abril tuvo su menor tasa de crecimiento en 17 meses desde diciembre de
2009. El cuento de que “ya salimos de la crisis” es falso.
Esta dependencia no sólo afecta el desarrollo económico, sino también
sujeta al país a las exigencias del mercado de la droga de Estados
Unidos que sigue siendo el mercado más grande para la cocaína; en 2009
se consumieron 157 toneladas, lo que equivale al 36 por ciento del
mercado mundial. En este país se vendieron 37 mil millones de dólares de
esa droga, según datos de la Oficina de Drogas y Crimen de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomados de su Reporte anual 2010.
En Estados Unidos se da la máxima distribución de droga, ¿y quién la
moviliza por todo ese país? Se habla de los carteles mexicanos; pero en
Estados Unidos, que es donde está el gran negocio ¿quién lo controla?
Al criminalizar a México –inundando al país con sus armas, hecho
propiciado por el mismo gobierno de Estados Unidos y sus agencias
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su
sigla en inglés), la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las
Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y el FBI (Oficina Federal de
Investigación, por su sigla en inglés), como develó el escándalo de la
Operación Rápido y Furioso–, Estados Unidos pretende no sólo
aprovecharse de nuestra mano de obra, sino seguir adueñándose de
nuestras riquezas con la complicidad de los gobiernos emanados tanto del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y como del Partido Acción
Nacional (PAN). Es sabido por todos cómo han dado prioridad a los
intereses de las grandes corporaciones en detrimento de los intereses de
México. Los contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con las
trasnacionales Schlumberger, Halliburton y Weatherford, violan la
Constitución en sus artículos 25, 27 y 28. El mal gobierno actual
pisotea la ley y los derechos del pueblo, así como la soberanía nacional
con tal de servir a las corporaciones extranjeras. El petróleo es
estratégico para la economía y la industria, el cual debe ser explotado
exclusivamente por la nación. Lo mismo ocurre con minerales como la
plata, el oro, el plomo, el zinc, el litio, la fluorita, el ópalo, la
cal, el cobre, el estaño, y el gas. Esas riquezas deben ser para los
mexicanos, para el desarrollo del país y para el bienestar del pueblo.
México es un país rico, pero es saqueado impunemente, inmerso en un
estado de pleno neocolonialismo. Y eso no es aceptable.
En materia eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) está ahorcando a la industria y violando la Constitución, al
darle 37 mil millones de pesos en contratos a empresas privadas y
retirar 24 plantas para dar espacio a productores privados. La
privatización de la industria eléctrica está impulsada por Washington y
corporaciones extranjeras, lo que genera en conjunto altas tarifas y la
desnacionalización de la industria. Los sectores estratégicos, como el
sector energético –dice la Constitución– deben ser explotados
exclusivamente por la nación y los contratos están explícitamente
prohibidos. Pero Vicente Fox firmó la Alianza para la Seguridad y
Prosperidad de América del Norte (ASPAN) con el presidente George W Bush
y el primer ministro de Canadá, Paul Martin, el 23 de marzo de 2005 en
Waco, Texas, para la integración en seguridad y energéticos de Canadá,
Estados Unidos y México. De ahí se deriva la intensificación de la
apertura de los sectores estratégicos y de los energéticos para
favorecer a las corporaciones estadunidenses y canadienses. Los 10 años
de gobierno panista han significado la aceleración de la entrega de
México y su anexión a Estados Unidos, iniciada desde los sexenios de
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
Desde la década de 1980, al iniciar las políticas neoliberales, se ha
buscado propagar la idea de que la inversión foránea y la deuda son
apoyos. Eso es totalmente falso. La inversión extranjera y la deuda han
empobrecido como nunca al país y al pueblo trabajador. La deuda externa
bruta de México se elevó a 257 mil millones de dólares durante este
gobierno, nivel nunca observado antes, impulsada principalmente por la
inversión extranjera en el mercado interno de bonos gubernamentales.
Cada mexicano debe 28 mil 993 pesos por la deuda interna, más 22 mil 930
pesos por la deuda externa, es decir, que cada connacional debe 51 mil
923 pesos por deudas que no sólo no han beneficiado al país sino que lo
han hundido en la dependencia extranjera y en la miseria, porque se paga
más de intereses y amortizaciones que lo que ingresa. La deuda
gubernamental llegó en enero pasado a casi 182 mil millones de dólares,
lo que implicó un crecimiento de 54 por ciento en lo que va del actual
gobierno, según informes del Banco de México (Banxico) y de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por otro lado, al comenzar el sexenio, el débito del sector público
era de 54 mil 766 millones de dólares, los cuales al final de 2010
llegaron a 107 mil 100 millones. Es decir, la deuda casi se duplicó
durante el gobierno de Felipe Calderón.
Otra de las falacias que se han mencionado es la que de la deuda
ayuda al desarrollo del país. En 1970 se debían 3 mil 600 millones de
dólares, hoy 257 mil millones,¿y estamos mejor? ¡Claro que no! En 1970
el monto de la inversión extranjera directa en su totalidad sumaba 5 mil
millones de dólares. Actualmente, según datos de la Secretaría de
Economía, entre enero de 2007 y diciembre de 2010 el país recibió 88 mil
510.2 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa
(IED). ¿Y ésta ha ayudando al desarrollo económico de México? ¿Ha
mejorado la situación de los trabajadores, aumentado el empleo, el
bienestar? ¡Para nada! La dependencia extranjera produce el saqueo de
las riquezas nacionales y el atraso del país. El neocolonialismo ha
hundido a México.
El 30 de julio se cumplen 200 años de la muerte de Miguel Hidalgo,
hombre que luchó por la independencia de México, por su soberanía
política y económica, contra los monopolios, el mal gobierno, las
alcabalas, la esclavitud, y hoy por hoy, su lucha sigue vigente,
convocándonos a luchar para derrotar al neocolonialismo y alcanzar la
plena soberanía.
Además de todo el dinero que sale por los capitales que usurpan las
empresas extranjeras y por los intereses y amortización de la deuda que
asciende alrededor de 30 mil millones de dólares anuales, con Calderón
se han fugado 93 mil millones de dólares al extranjero. El saqueo de
México está peor que nunca. Es impresionante cómo se redobla la
explotación de los trabajadores y empeoran las condiciones de trabajo, a
la vez que se agudiza el desempleo.
Durante décadas Estados Unidos desarrolló un control económico de
México, para pasar al control político y ahora al control militar, que
es la fase que atraviesa el país. Para tener el control directo del
territorio nacional, Estados Unidos tiene planteado instalar bases
militares en México. Y ya comenzaron. En el marco del Plan Mérida y la
fallida guerra contra el narcotráfico, el 10 de mayo, al oriente de la
capital del estado de Puebla, comenzó la construcción de una base
militar estadunidense disfrazada de Academia Estatal de Formación y
Desarrollo Policial. Esta base militar tendrá lugar en la zona Los
Encinos de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa. Cabe destacar que
el Plan Mérida es un programa subsidiado por Estados Unidos en la
supuesta guerra contra el narcotráfico, cuyo resultado es lo que vemos
todos los días: una desarticulación del tejido social como nunca se
había visto en la historia de México, producto de la injerencia del
gobierno estadunidense, a través de su exembajador Carlos Pascual, que
ya antes había tenido experiencia en Colombia, Europa del Este, África y
Haití, para desmantelar “estados fallidos”. La presentación del
proyecto estuvo a cargo de Rafael Moreno Valle y Keith W Mines, director
general de Iniciativa Mérida, quien fue muy claro y precisó que la FBI,
el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina de
Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), y el Servicio de
Investigación Criminal Naval (NCIS, por su sigla en inglés) entre otros,
tendrán injerencia directa.
Todo esto es anticonstitucional y violatorio de la soberanía
nacional. Además de esta base, ya están piloteando los aviones no
tripulados estadunidenses en cielo mexicano y se ha establecido,
autorizada por Calderón, la Oficina Binacional de Inteligencia
(OBI), ubicada en avenida Reforma 265, en la ciudad de México. También
la Armada de México se ha integrado a las maniobras militares de Estados
Unidos. Y se han establecido aduanas internas de ese país Estados
Unidos en la república mexicana.
Por otra parte, es preocupante que después de invadir Afganistán y de
mantener una guerra de ocupación contra su pueblo, manden a México como
nuevo embajador a Anthony Wayne, quien era ¡embajador adjunto en
Afganistán! El envío de éste nuevo embajador es siniestro. Carlos
Pascual era el operador en el territorio ocupado de Irak. Wayne era el
operador en Afganistán: otro experto en invasión y desmantelamiento de
un país.
Keith W Mines, director general de Iniciativa Mérida, es un exmilitar
con 22 años de experiencia en el ejército de Estados Unidos. Ha
trabajado en misiones tanto militares como diplomáticas en Granada,
Honduras, El Salvador, Israel, Somalia, Haití, Hungría, Afganistán, e
Irak. En este último país estuvo encargado de las acciones políticas y
económicas del gobierno de ocupación de la provincia iraquí de Al Anbar.
Trabaja en la Agencia de Inteligencia Central y actualmente está
asignado a la embajada de Estados Unidos en México como encargado del
Plan Mérida. Él fue quien inauguró la supuesta Academia Policial, pero
su experiencia es militar no policial.
La integración militar con Estados Unidos busca que los militares y
agentes estadunidenses operen en México y también que los mexicanos se
sumen a las guerras intervencionistas, tal y como Canadá ha enviado
tropas a Afganistán. Esta integración se realiza en momentos en que
Estados Unidos intensifica sus intervenciones. Tiene asaltados Irak y
Afganistán y bombardea Pakistán, Yemen, con los drones o aviones no tripulados, mismos que ya patrullan los cielos mexicanos. En las últimas semanas, Obama dispuso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte
para bombardear Libia poniendo como pretextando “ayuda humanitaria” y
la “protección de civiles inocentes”. Los bombardeos han causado ya una
masacre de más de 1 mil muertos y 4 mil heridos, un enorme daño y
desgracia. El Premio Nobel de la Paz sin autorización de su Congreso
bombardea Libia.
La guerra en México es parte de las guerras que ha desatado
Washington en el mundo. Por eso fue acertado que la Caravana por la
Paz con Justicia y Dignidad hubiera presentado su pacto ciudadano el 11
de junio pasado en el monumento a Benito Juárez, Ciudad Juárez, y
planteado un juicio político contra Felipe Calderón y Genaro García
Luna, así como también hubiera demandado el fin a la estrategia de
guerra, el regreso del ejército a los cuarteles y la eliminación del
fuero militar; y exhorta a dar por terminada la Iniciativa Mérida y
otros proyectos de asesoría policiaco-militar que procedan de Estados
Unidos. Pero, estos puntos fueron excluidos por la cúpula del Movimiento
por la Paz y no se plantearon en la reunión que organizó Calderón en el
Castillo de Chapultepec.
Es importante destacar que la guerra en México no es un asunto de
Calderón. Esa guerra fue planteada por Washington. Ellos venden las
armas, compran las drogas, lavan el dinero. La guerra en México, forma
parte del esfuerzo militar de un imperio en decadencia que busca
mantener su hegemonía haciendo uso de la fuerza. Sus planes belicistas
son abiertos y descarados y México no debe verse embarcado en esa
aventura imperial. La anexión o integración de México que pretende
Estados Unidos hunde a la nación en la guerra. El camino de la paz es el
de la independencia y el de la soberanía. Hoy más que nunca hace falta
romper con el gobierno de la guerra y lograr un gobierno que vele por la
paz y el desarrollo. Esa es la lucha actual que se debe de librar.
*Politólogo, historiador y urbanista; dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía
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